Bajo la administración del General Francisco de Argumaniz Fernández, se fundaron en 1777 las escuelas más tempranas o antiguas de la región. Así, los maestros de Toconao y San Pedro de Atacama, eran indígenas “civilizados” (sic), instruidos y ladinos en el idioma castellano, practicándose la instrucción escolar en la casa de cabildo, ya que en esos tiempos, la escuela no tenía aún una estructura independiente. A través de esa ordenanza, surgió uno de los agentes transformadores más “eficientes”, así a los niños se les tenía completa prohibición de hablar la lengua kunza, ya sea entre ellos o con sus padres. Toda esta imposición escolar afectó a una generación de niños en San Pedro, Toconao y seguramente en Chiuchiu, puesto que amplió la castellanización y, a la vez, disminuyó el prestigio de su lengua materna, debido también a las amenazas de castigos -pecuniarios o físicos- para quien la hablase. La implantación de la instrucción escolar refleja muy bien el despotismo ilustrado del siglo XVIII, donde la escuela resultó una eficiente práctica dirigida a extirpar esta lengua atacameña. En una carta al virrey del Perú, Argumaniz señalaba esforzarse en “... la sivilizacion de aquella inculta gente en quien aun perseveran muchos efectos de la barbarie...”; “... se les prohibía a los niños beber bebidas alcohólicas, tener conversaciones indecentes y jurar con ofensa a Dios. Se les estimulaba a tener barrida y aseada la escuela, rezar el ‘Bendito’, besar las manos de sus padres, asistir y ayudar en las misas...”.

El panorama de comienzos del siglo XVIII en el corregimiento de Atacama, acentuaba el despoblamiento local que se desplazaba dentro de su territorio y al otro lado de los Andes -territorios de la actual Argentina y Bolivia, por ejemplo-. Al parecer, esta situación de dispersión de la población, motivada por el régimen mercantilista colonial, entró en crisis durante el siglo, donde incluso algunos fueron considerados bajo la categoría fiscal de forasteros. Más tarde -1750-, el cobro del tributo hizo crisis por la confusión en identificar cuáles eran los territorios “originales” de donde debían recibir el beneficio; asimismo, varios caciques se vieron presionados por los corregidores para cumplir dicha empresa de cobro. Como un ejemplo de lo intolerable que se tornaron las exigencias que debían sufrir los caciques: “... En Chiu-Chiu, Antonio Bernardo Echeverría, viudo de 33 años, con 4 hijos huyó a Copiapó por haberlo elegido de cacique, arrojó el padrón y se fue...”. De este modo, como era difícil cobrar los tributos se recurrió a la violencia y con ello los pobladores huían de Atacama.

Un caso interesante de apropiación de los recursos y control político de las comunidades atacameñas, fue practicado por el Corregidor de Atacama Manuel Fernández Valdivieso -también a mediados del siglo XVIII-, en tanto obligaba a los indígenas a la aceptación del reparto de mercaderías, la venta a precios irrisorios de sus propios productos, la usurpación de sus tierras y minas.

“Como ingreso, este corregidor no sólo recibía el reparto, sino que forzaba a los indígenas a que le vendieran a él, a precios mucho más bajos de los que se obtenían en San Pedro y en Salta, los cueros y lanas de animales; entregaba lana a las mujeres para que le tejieran ponchos que vendía en Potosí; obligaba a la comunidad para que trabajaran en tierras agrícolas a su favor, le cuidaran su ganado y trabajaran en el servicio de su casa. Aplicaba multas por cualquier motivo y llegó hasta a apropiarse de una mina de oro indígena en Loaros".

Con el fin de impedir que los indígenas recurrieran a la Real Audiencia de La Plata

-empero igualmente lo hicieron años más tarde- para denunciar los abusos despóticos, el corregidor aplicó una estrategia destinada a desviar las acusaciones y dirigirlas hacia los propios indígenas. En consecuencia, el corregidor acusó a algunos curanderos de Atacama de brujería y hechicería, y de este modo, las tácticas punitivas desplegadas en el disciplinamiento y transformación de los mismos, justificaban las acciones del corregidor.

Con ello hubo una manipulación que vinculó la acusación de brujería a curanderos de Atacama y el control de las comunidades indígenas atacameñas, ejercida por dispositivos coloniales hispanos e indígenas. Es decir que, con identificar y relacionar al curandero con las prácticas de brujerías, se establece el poder de una representación ideológica que se extendió -al menos entre su población y sus autoridades locales- en la región de Atacama hasta el siglo XVIII; sobre todo si se considera que hacia 1749 esta representación fue manipulada para lograr un control más efectivo y sujeción sobre los indígenas. Como los maleficios representaban delitos y desviaciones del esquema de dominación colonial en la medida que suponían un pacto con el demonio, fue precisamente esta desviación la que legitimó la racionalidad de las tácticas punitivas que utilizó el Corregidor.

La presión económica que afectaba a los indígenas con el reparto de mercancías, abusos y factores ideológicos, hizo que estos se fueran polarizando; se produjeron fugas de atacameños frente a estas presiones del régimen opresor a fines del siglo XVIII. En consecuencia, la gestión de los corregidores españoles derivó en una serie de disturbios políticos y administrativos. La etapa que se extiende entre los años 1749 y 1757, es un período que da cuenta de las primeras inestabilidades políticas; entre 1758 y 1774, existe un silencio documental; y hacia 1770 se sitúa la mayor agitación que culmina con la rebelión de 1781, tupacamarista y catarista en Atacama.